SEGUNDA SESION ORDINARIA

SEGUNDA SESION ORDINARIA

DE CONGRESO NACIONAL

24 DE AGOSTO DE 1999

PRESIDENTES: H. Leopoldo Fernández Ferreira

H. Hugo Carvajal Donoso

SECRETARIOS: H. Gonzalo Molina Ossio

H. Jorge Sensano Zárate

Se inicia la Segunda Sesión Ordinaria del H. Congreso Nacional con la asistencia de los siguientes HH. parlamentarios.

HH. Diputados por el Departamento de Chuquisaca: Aguirre Villafán Gonzalo, Antoráz Chalup Miguel, Carvajal Padilla Juan Felipe, Flores Avilés Freddy, López Baspineiro Morgan, Rodríguez Calvo Máximo Fernando, Sensano Zarate Jorge Alberto, Tórrez Ramírez Moisés, Valda Vargas Augusto, Quaglini Renteria Aldo, Barriga de Yáñez Rosario.

Por el Departamento de La Paz: Bedregal Gutiérrez Guillermo, Cazas Arévalo Jorge David, Crespo Gamarra David, Chambi Ramos Carlos, Fernández Argandoña Ramiro, González López Jaime, Del Granado Cossio Juan, Huanca Colque Juan, Hurtado Castellón Facundo, Kieffer Guzmán Fernando, Lorini Sáenz Jorge Eduardo, Loza Alvarado Remedios, Loza Alvarado Claudio, Llerena Gámez Luis, Magne Saire Miguel, Miguel Harb Benjamin, Moscoso Valderrama Roberto, Noguer de Quintelar Miriam, Paredes Muñoz José Luis, Paz Rada Eduardo, Ruiz Paz Gonzalo, Santalla Tórrez Daniel, Soliz Rada Andrés, Tapia Valencia Toribio, Tórrez Obleas Jorge, Zúñiga de Siles Elisa, Andia de Rada Martha, Barragan Arce Carlos Alberto, Cruz Romano Mabel.

Por el Departamento de Cochabamba: Cartagena Terceros Marcos, De la Parra Soria Armando, Fernández Orozco Roberto, Loayza Caero Román, Marikovic Uzqueda Tonchy, Maese Ribera Miriam, Maldonado Rojas Gonzalo, Morales Aima Evo Juan, Quiroga Blanco Carlos, Rivero Valda Franz, Sánchez Berzain José Carlos, Sánchez Veizaga Felix, Torrico Alvarado Oscar, Ugarte de Bilbao Olimpia, Camacho Ugarte Asterio, Lujan Cruz Eloy.

Por el Departamento de Santa Cruz: Añez Campos Victor Hugo, Añez Moscoso Guido, Banegas Espinoza Anita, Barba Antelo Almeida, Blanco Pacheco Offman, Chávez Terán Carlos, Fernández Saucedo Roberto, Hayes Villagómez Mary Helen, Justiniano Aponte Mario, Klinsky Callaú Saúl Guillermo, Mayser Ardaya Luis, Melgar Mustafá Jaalil, Roca Gil Vicente, Sandoval Morón Edil, Stelzer Jiménez Wilmar, Suárez Arana Adalid Hugo, Rivera Estrada Omar Luis, Soruco Norah.

Por el Departamento de Potosí: Arce Díaz Wálter, Centellas Quezada Alejandro, Cueto Acebedo Edgar, Choque Armijo Juan Luis, Gómez Bustillos Justo Raúl, Inch Calvimonte Bernard Joseph, Plata Chalar Jhonny, Porcel González Raúl Angelo, Sanabria Taboada Luis, Soliz Villegas Hugo, Vásquez Mamani Felix, Villacorta Vega Lourdes, Zegarra Bernal Edgar.

Por el departamento de Oruro: Araoz Velasco Raúl, Aramayo López Luis Fernando, Aviléz Durán Eduardo, Ojeda Calluni Elvis, Roque Humerez Magin, Rubin de Celis Rojas Pedro, Salas Moya Oscar, Salazar de Pérez Ríos Gladys, Pérez Gómez Freddy, Delgado Franz.

Por el Departamento de Tarija: Barrientos de Ugarte Gonzalo, Carvajal Donoso Hugo, Copa Velázquez Imel, Guerra Tovar soledad, Nolasco LLanos Justino, Romero Sagredo Jesús, Vaca Gutiérrez Francisco, Vega Salinas Never Heberto, Oliva de Bacotich Cristina.

Por el Departamento del Beni: Guiteras Denis Edmundo, Iriarte Suárez Carlos Hugo, Montaño Rodríguez Oscar, Ribera Bruckner Jorge, Ribera Arteaga Millán, Roca Villavicencio Guido, Shiriqui Bejarano Moisés, Suárez Avila Manuel.

Por el departamento de Pando: Añez Ferreira Adolfo, Becerra Suárez Miguel, Flores Calpiñeiro Emigdio, Riss Cecin Juan Carlos y Balcazar Velasco Edgar.

HH. Senadores de la República: Alanoca González Felix, Arteaga Chávez Alex, Asseff Gómez Raymundo, Brockmánn Quiroga Erika, Caballero Oropeza Roberto, Castillo León Mirtha, Daza Marquéz Oscar, Encinas Valverde Gastón, Fernández Ferreira Leopoldo, García Suárez Carlos, Hecker Hasse Peter, Lazo Loayza Edgar, Lema Patiño Raúl, Lora Espada Wilson Antonio, Molina Ossio Gonzalo, Paz Zamora Mario, Rosas Guzmán Armando, Sánchez Aguilar José, Satori Cortés Alcides, Saucedo Gutiérrez Felipe, Soriano Lea Plaza Wálter, Teodovich Ortiz Freddy, Valda Cárdenas Gonzalo, Venegas Iporre Reynaldo, Vera Corvera Alvaro y Villavicencio Amuruz José.



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	ORDEN DEL DIA 1.- Presentación de la Cuenta General de Ingresos y Egresos del Tesoro General de la Nación, correspondiente a la gestión 1998. 2.- Informe de la Defensora del Pueblo, Doña Ana María Romero de Campero, por la gestión comprendida entre el 31 de marzo 0 de 1998 y el 1º de abril de 1999. H. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL, LEOPOLDO FERNÁNDEZ F.- Toda vez que estoy haciendo mi estreno, en la Presidencia de un Congreso, no es el mismo caso del Presidente en la Cámara de Diputados, permítanme saludar la presencia de los Senadores y Diputados que asisten a este Congreso. Habiendo quórum en ambas Cámaras, se instala la presente Sesión de Congreso. Deseo a nombre del Congreso Nacional, saludar la presencia y la compañía de las ilustres visitas que tenemos como es el caso de nuestra Ex-Presidenta, Doña Lidia Gueiler, el Cuerpo Diplomático que está acreditado en el país, los periodistas y medios de comunicación. Senador Secretario sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día de la presente Sesión de Congreso. H. SENADOR SECRETARIO, GONZALO MOLINA O.- De la Presidencia de la República: «Al Excelentísimo señor Ing. Jorge Quiroga Ramírez, Presidente del H. Congreso Nacional.- Presente.- Excelentísimo señor Presidente: En conformidad con lo dispuesto por el Artículo 96º, último párrafo del inciso 7º, concordante con el Artículo 59º, inciso 11 de la Constitución Política del Estado, tengo el agrado de dirigirme a vuestra Excelencia y remitir por su digno intermedio a consideración de las Honorables Cámaras Legislativas, la documentación que contiene la cuenta general de ingresos y egresos del Tesoro General de la Nación, así como la ejecución y cierre presupuestario correspondiente a las gestiones 1998, insinuándole que la misma sea publicada por el H. Congreso Nacional. Del mismo modo me cumple hacerle llegar las Memorias Ministeriales en sujeción a la normatividad del Artículo 96º, última parte de el inciso 10 de nuestra Ley fundamental. Toda esta documentación deberá ser presentada en la 1ª. Sesión Ordinaria del H. Congreso Nacional por realizarse el 6 de agosto del año en curso. Con este motivo expreso, al Excelentísimo Señor Presidente del H. Congreso Nacional, la seguridad de mi mayor consideración. Fdo. Presidente de la República, Gral. Don Hugo Banzer Suárez». «Decreto Supremo Nº. 25474. Presidencia de la República de Bolivia Hugo Banzer Suárez, Presidente de la República, Considerando: Que, el Presupuesto General de la Nación, para el período Fiscal comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 1998, fue aprobado por la Ley Nº. 1826 del 20 de febrero de 1998, autorizando al Poder Ejecutivo a reglamentar mediante disposiciones de administración financiera, la ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación, ajustes y traspasos intra e interinstitucionales de los presupuestos aprobados dentro de los permisos y límites de la Ley. Que, el Presupuesto Adicional para el período fiscal comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1998 fue aprobado por Ley 1908, del 23 de noviembre de 1998, autorizando al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarías, intrainstitucionales e interinstitucionales, siempre y cuando estas modificaciones no estén destinadas a los siguientes aspectos: 1.- Aumentar el total del gasto agregado.
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2.- Incrementar el total del grupo de gasto 10.000, servicios personales. 3.- Traspasar recursos de apropiaciones presupuestarías destinadas a proyectos de inversión y a otros gastos. Que, el Artículo 105º, de la Constitución Política del Estado, determina que la cuenta de inversión de las rentas debe llevar la aprobación de los Ministros de Estado en lo concerniente a sus respectivos despachos. Que, en cumplimiento de las disposiciones legales citadas corresponde aprobar los ajustes y traspasos interinstitucionales e intrainstitucionales, la cuenta general de ingresos y egresos así como los estados financieros de la administración general, por la gestión 1998. Decreta: ARTICULO PRIMERO.- Apruébase los ajustes y traspasos intra e interinstitucionales efectuados dentro del Presupuesto General de la Nación para la administración central, correspondientes a la gestión 1998, así como la cuenta general de ingresos y egresos de acuerdo a detalle consignado en los anexos que forman parte del presente Decreto Supremo y los Estados Financieros de la mencionada gestión. ARTICULO SEGUNDO.- Los ajustes y traspasos interinstitucionales e intrainstitucionales mencionados en el artículo anterior se efectúen con carácter presupuestario y contable, lo cual no libera a los infractores de las responsabilidades que pudieran surgir, de acuerdo a disposiciones legales vigentes. El señor Ministro de Estado en el despacho de Hacienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz a los treinta días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve años. Fdo. Gral. Hugo Banzer Suárez, Javier Murillo de la Rocha, Franz Ondarza Linares, Wálter Guiteras Denis, Jorge Crespo Velasco, Herbert Muller Costas, Carlos Alberto Subirana Suárez, Luis Fernando Quiroga Ramírez (Ministro Suplente de Desarrollo Económico), Tito Hoz De Vila Quiroga, Guillermo Cuentas Yáñez, Luis Vásquez Villamor, Oswaldo Antezana Vaca Diez, Erick Reyes Villa Vasagalupi, Carlos Saavedra Bruno, Rubén Poma Rojas y Jorge Landivar Roca». H. PRESIDENTE.- Remítase a la Comisión Mixta de Hacienda, Política Económica y Crediticia, para su correspondiente análisis y posterior informe. H. Secretario tenga bien a dar lectura al segundo punto de nuestro Orden del Día. H. SENADOR SECRETARIO.- II.- Informe de la Defensora del Pueblo Doña Ana María Romero de Campero, por la gestión comprendida entre el 31 de marzo de 1998 y el 1º de abril de 1999. H. PRESIDENTE.- Insinuamos al Diputado Secretario que tenga la gentileza de invitar a la señora Defensora del Pueblo, para el informe correspondiente. El Congreso Nacional da la bienvenida a la señora Defensora del Pueblo, no sin antes comentar que éste es un hecho histórico, es la primera vez que vamos a recibir en el Congreso Nacional un informe de gestión de la Defensora del Pueblo. Sea usted bienvenida al Congreso Nacional y le cedo el uso de la palabra para que preste su informe en esta instancia legislativa. DEFENSORA DEL PUEBLO, ANA MARÍA ROMERO DE CAMPERO.- H. Leopoldo Fernández, Presidente del Senado y del Congreso Nacional; H. Hugo Carvajal, Presidente de la Cámara de Diputados; HH. miembros de las Directivas Camarales, Señora Ex-Presidenta de la República, Doña Lidia Gueiler Tejada, HH. Senadores y Diputados Nacionales, señores Embajadores y Representantes de Organismos Internacionales y Cuerpo Diplomático, señores y señoras: Con la honrosa designación de Defensora del Pueblo que me hizo el H. Congreso Nacional, el 31 de marzo de 1998, nació en la vida pública una nueva institución con la misión de velar por el pleno cumplimiento de los derechos y garantías Constitucionales, en relación al sector público, así como la de promover, divulgar y defender los derechos humanos. Convertir ese mandato en algo tangible, fue una tarea que acometí con un reducido grupo de colaboradores, consciente del reto que

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	significaría dar al Defensor del Pueblo el perfil que lo caracteriza en el mundo y que se apoya en las condiciones de independencia, ecuanimidad y autoridad moral, que debe ejercitar el Ombudsman. El desafío no consistió solamente en construir el marco institucional, instalar las oficinas, pusimos especial cuidado en convocar, como colaboradores, a profesionales capacitados y comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos que se adecuaran al perfil de trayectoria reconocida independencia y no filiación política establecidos en la Ley 1818. Aunque esta última disposición ha sido observada por algunos juristas, no hay duda que garantiza a la ciudadanía y a las distintas instancias del Estado, con las que eventualmente debe relacionarse nuestra Institución, que no se sacará provecho político de las actuaciones y logros institucionales. El Defensor inició su vida pública en un escenario complejo, fruto de la globalización y de las reformas estructurales que se han llevado a cabo en Bolivia en los últimos años. Estamos transitando un tiempo en que lo viejo todavía no ha muerto y lo nuevo no ha terminado de nacer, a decir de Margaret Diuchsenawer. El Estado que se gestó en la Guerra del Chaco y que surgió de la Revolución del 52, ya no existe más y todavía no se ha diseñado del todo el perfil del que ha de reemplazarlo. Hoy mismo y en una especie de cadena sin fin, las responsabilidades del Estado están constantemente redefiniéndose en los campos de la prestación de servicios básicos, la regulación de la economía y la convivencia entre los ciudadanos. Hay muchos avances y medidas positivas como la Participación Popular, las Reformas Legislativas que hacen efectivas las garantías Constitucionales en el Derecho Penal, las reformas a la justicia, por citar sólo algunas, pero paralelamente este período de tránsito de un modelo a otro, ha incrementado los índices de inseguridad jurídica para los ciudadanos. Una parte de la leyes que se han aprobado en los últimos años son desconocidas por la ciudadanía, pese a que tienen una incidencia directa en su vida cotidiana. Pero no solamente eso, una de las constataciones que surgió de un primer estudio que realizamos, puso en evidencia que no existe un conocimiento de la población sobre los derechos y deberes contenidos en la Constitución. Ese desconocimiento es también notorio a diversos niveles de la administración pública, de ahí que se aprueben leyes, decretos y resoluciones, sin tomar en cuenta lo que dice nuestra Constitución. En el plano humano, el país sigue sufriendo las secuelas de la relocalización minera, así como del éxodo del campo a las ciudades, la terca y generalizada pobreza que afecta un 70% de la población, conspira contra el ejercicio pleno de los derechos humanos y ciudadanos. EL DEFENSOR DIALOGA CON EL PAíS Para completar un primer diagnóstico sobre los problemas que aquejan a la sociedad boliviana, en el ámbito de los Derechos Humanos y ciudadanos, realizamos talleres de diálogo en la sociedad civil, en los nueve departamentos. Los temas que más preocupan a la gente y que sirven de marco a la tarea defensorial son: En el ámbito laboral: falta de fuentes de trabajo, despidos intempestivos, inseguridad laboral, bajos salarios, trabajo infantil, temor a la flexibilización, la problemática generacional con la dramática situación que afecta a niños y adolescentes y también jóvenes que carecen de protección familiar y estatal. El abuso de autoridad, en sus diferentes manifestaciones, parece ser uno de los problemas más angustiosos en todo el país. La corrupción es percibida como una gravísima lacra nacional. La mala administración de justicia es considerada uno de los principales problemas en el campo de los Derechos Humanos, con su retardación de justicia, aplicación incorrecta y discriminatoria de las leyes, corrupción en el sistema judicial, arbitrariedad y corrupción en las oficinas de Derechos Reales. Los servicios públicos aparecen en casi todos los departamentos, como uno problema que atenta contra los Derechos Humanos, unas veces por sus carencia y otras por su deficiencia y calidad o por la forma discriminatoria en que se los brinda.
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Los servicios de salud y seguridad social constituyen otra carencia generalizada. Al mismo nivel se encuentran las críticas al sistema educativo. La discriminación por razones de género fue mencionada en casi todos los talleres como un tema que se percibe en el ámbito familiar, laboral, escolar, universitarios, sindical y político. La inseguridad ciudadana fue mencionada con diferente intensidad en varias regiones, incluye la proliferación de la delincuencia organizada, así como el alcoholismo y la drogadicción. La discriminación regional fue mencionada en algunas mesas particularmente en Chuquisaca. La discriminación por razones étnicas apareció en todos los talleres y de hecho tiene que ver con la relación campo ciudad, la pobreza del agro, la inmigración forzada de familias y comunidades campesinas a los cinturones marginales urbanos, con la consiguiente pérdida de identidad cultural, de control social, de autoestima y de valores morales. Finalmente, y con incidencia puntual, se mencionaron problemas como la discriminación de la tercera edad, el problema de tierras, las deficiencias del Registro Civil, la proliferación de abortos en condiciones de poca o nula seguridad, la desatención de personas discapacitadas, los abusos del autotransporte y algunos excesos de los medios de comunicación. Aunque el Defensor del Pueblo no está en condiciones de atacar todos y cada uno de los problemas mencionados, por la naturaleza de su mandato legal, es evidente que ese diagnóstico brinda una idea de los desafíos que tiene por delante el Estado boliviano en materia de Derechos Humanos. LA CONSTRUCCIóN INSTITUCIONAL Al iniciar sus primeras gestiones administrativas, el Defensor del Pueblo encontró varios escollos, uno de ellos fue la falta de asignación de fondos a la Institución en el presupuesto de 1998, otro la desinformación de bastos sectores de la población que demandaban una atención inmediata a sus quejas, sin comprender que no existían todavía las normas necesarias para procesar esas demandas ni los medios humanos para encarar esas tareas. Pese a las dificultades se trabajó con mística y empeño hasta lograr los avances necesarios para iniciar la atención al público en el tiempo previsto y cumplir con otras tareas, como el gestionamiento de cooperación internacional, la negociación presupuestaría con el TGN, la elaboración y ratificación del Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, las bases para la planificación estratégica, la contratación de consultores, la apertura de la oficina principal, la dotación de mobiliario y equipos, mediante convocatoria, la preparación de las representaciones defensoriales en varias ciudades del país y la contratación de personal idóneo por concurso público de méritos. El Reglamento Interno establece una organización centralizada y desconcentrada conformada por los niveles directivo, ejecutivo, operativo y las unidades de apoyo. Como un primer paso para cumplir el mandato nacional, se decidió establecer unidades por materia y/o territorio por carácter temporal o permanente, atendidas por representantes defensoriales. El nivel directivo de la institución está ejercido por la Defensora como máxima autoridad; el nivel ejecutivo está integrado por tres delegados adjuntos de igual jerarquía que la Ley denomina Adjunto Primero, Segundo y Tercero y a los que se asignaron tareas concretas en las áreas de administración pública y servicios públicos, derechos humanos y promoción y análisis respectivamente. Para esos cargos, se invitó a los ciudadanos Antonio Pérez Velasco, Nardi Suxo y Carmen Beatriz Ruiz. Al nivel desconcentrado del Defensor del Pueblo está conformado por las representaciones defensoriales, departamentales y especiales. De momento existen representaciones departamentales en Cochabamba y Santa Cruz y especiales en la ciudad de El Alto, Chapare y Potosí que fueron confiadas a los ciudadanos José Luis Bautista, Isaac Sandóval, Roberto Quiroz, Godofredo Reynique y Eduardo Maldonado. Según lo dispuesto en el reglamento correspondiente, las representaciones defensoriales departamentales tienen atribución de representar a la institución en la ejecución de actividades propias en el ámbito de su competencia territorial y en los límites de su jurisdicción.
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	Asímismo realizan las investigaciones de oficio dispuestas por la Titular de la Institución y las referidas a las quejas representadas por ciudadanos de su jurisdicción, hasta la emisión de la Resolución Defensorial que corresponda, cuando las autoridades denunciadas son departamentales o locales. En Cochabamba se iniciaron labores el 20 de noviembre de 1998 y hasta el 31 de marzo del año en curso se habían recibido un promedio de 2 a 9 quejas por día. La oficina de la representación Defensorial Departamental de Santa Cruz fue inaugurada el 5 de noviembre del '98 y a la renuncia de su titular quedó interinamente a cargo la Dra. Eliana Roca. Las representaciones defensoriales especiales fueron establecidas en base a parámetros fundamentalmente cualitativos con un ámbito de competencia restringido a la recepción de quejas y la investigación defensorial, no tienen competencia para emitir Resoluciones en forma autónoma. Chapare. La representación especial en esta región cocalera inició sus labores el 21 de noviembre de 1998, en sus 4 meses de labor registró 113 quejas, la mayor parte de los reclamos, 66%, no correspondió a la competencia de la institución, por lo que fueron derivados al Centro de Orientación al Ciudadano, los restantes 47 se reparten en la siguiente manera: 85% en el área de Derechos Humanos y 15% en Administración Pública. La incidencia de los reclamos, por vulneración a los Derechos Humanos, estuvo relacionada a la presencia de la fuerza conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas que tienen a su cargo la eliminación de las plantaciones de coca excedentaria y la vigilancia a la actividad ilícita del narcotráfico. Luego de la denuncia de abusos contra la población campesina en Puerto Zudáñez, se llevó a cabo en una exhaustiva investigación que terminó en una Resolución Defensorial la que se recordó a las autoridades del Gobierno la obligación que tienen de respetar los derechos humanos a las personas. Los hechos fueron puestos en consideración del Fiscal General de la República. A la fecha aunque los culpables no han sido identificados ni sancionados, hay que decir que se ha producido un cambio notable de la actuación de las Fuerzas de tarea conjunta. En los tres meses de este año que cubren el presente informe, no se ha recibido ni una sola denuncia de abusos que fueron frecuentes en 1998. Las quejas tienen que ver con los derechos económicos y sociales afectados por la pérdida de los ingresos procedentes de la coca y la falta de cultivos alternativos que permitan la subsistencia de las familias. Otra área de constante vulneración de derechos está relacionada con las tareas de interdicción, la aplicación de la Ley 1008 que viola el principio Constitucional de presunción de inocencia, el hacinamiento en los centros de detención y la retardación de justicia. La representación especial de El Alto inició sus actividades el 25 de noviembre de 1998. En los primeros meses de labor esta representación registró 372 quejas, una mayoría de ellas no corresponde a las atribuciones del Defensor, otras, un 11%, corresponden al área de Administración Pública y un 7.3% a servicios públicos, mientras que un 81.3% corresponden a Derechos Humanos. En Potosí la representación empezó a trabajar el 6 de octubre de 1998 con el apoyo de apenas una secretaria; al 31 de marzo la representación había recibido 104 quejas. DESEMPEÑO DE LOS ADJUNTOS La Adjuntoría de Administración Pública y Servicios Públicos se ocupa de los derechos ciudadanos que tienen que ver con la relación del ciudadano con la administración pública y que corresponden a las atribuciones clásicas del Ombudsman. Mediante su interacción con la ciudadanía, el Defensor del Pueblo aumenta el control sobre la administración en áreas que escapan, generalmente a los órganos y procedimientos tradicionales. El resultado de esa actuación es la mayor protección y tutela jurídica de los administrados en defensa de sus libertades y derechos fundamentales y un estímulo a su participación en la gestión de los asuntos públicos.
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A lo largo de los seis meses que van de octubre a marzo, hemos podido comprobar, con alegría, que la puesta en marcha del Defensor del Pueblo enriqueció la institucionalidad democrática en el país, porque otorgó al ciudadano común la posibilidad de acudir a una entidad especializada en la defensa de sus derechos e introducir un elemento de control de la legalidad. El ámbito de actuación de la Adjuntoría de Derechos Humanos está directamente relacionado con la defensa de los Derechos y la dignidad de la persona, asuntos penitenciarios y policiales, la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad y el funcionamiento de la administración de justicia en el marco de las garantías al debido proceso. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1818 se han realizado actividades sistemáticas de supervisión de la situación de personas privadas de libertad, en centros de detención policial y penitenciaria. Dentro de esas atribuciones el Defensor solicitó a la Policía Nacional, le informe regularmente sobre las personas puestas en libertad las detenidas y aquellas... Siendo uno de los mecanismos las visitas periódicas y no anunciadas a los centros de reclusión del país. Como resultado de esas visitas y del análisis de los partes policiales, se estableció que en la mayoría de los centros de detención se menoscaban los derechos humanos y las garantías constitucionales, con conductas vulneratorias tales como la privación de libertad más allá del tiempo permitido, exacciones y abuso de autoridad. En la mayor parte de los centros de detención las raciones alimenticias son deficientes, se limitan las entrevistas de los detenidos con sus abogados, no se presta atención médica, las celdas no tienen condiciones adecuadas a la dignidad humana. Las cárceles muestran dramáticamente el destino de los excluidos del sistema, de aquellos que carecen de oportunidades para ganarse la vida honestamente y que cada día son más. Urge hacer algo para que el futuro de muchos jóvenes no sea marcharse al exterior o verse tentados a delinquir. La población penitenciaria alcanza hoy a 7.000 personas que confrontan graves problemas de hacinamiento y de falta de justicia, un 68% de ellos se encuentra sin sentencia. áREA DE PROMOCIóN Y ANáLISIS Las acciones de comunicación y educación ciudadana encomendadas a la Adjuntoría de Promoción y Análisis, se desarrollaron mediante diversas acciones que van desde las tareas de distribución o los medios de comunicación hasta la realización de mesas de trabajo, seminarios y jornadas de movilización social, alrededor de un eje temático central: los derechos humanos y ciudadanos y la acción defensorial. Un reto estratégico que tiene un componente de pedagogía social está orientado a generar un cambio de actitudes y del sentido común imperante en la sociedad boliviana respecto al ámbito del ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos. Quisiéramos que llegue el día en que, luego de conocer sus derechos, los ciudadanos puedan ejercerlos a plenitud. Los primeros mensajes defensoriales priorizaron las tareas de promoción, la misión y los procedimientos del Defensor del Pueblo, difundiendo información sobre el contenido de la Ley 1818, los principios y pasos que la Institución sigue para atender las quejas de la población peticionaria. La política del Defensor del Pueblo de no pagar espacios comerciales de difusión en los medios, se basa en el convencimiento de que los mensajes sobre los derechos humanos y ciudadanos y la propia acción defensorial, son parte de una tarea educativa del Estado y que los medios de comunicación cumplen una función de servicio, entre la que destaca, la educativa. Para mantener una corriente sistemática de difusión, el Defensor firmó convenios de difusión sin costo alguno, con ERBOL, red que agrupa a 30 emisoras en el país, con los canales: Televisión Nacional, Radio y Televisión Popular (RTP), Periodistas Asociados de Televisión (PAT), UNIVISION, UNITEL, Católica de Televisión y Canal 21. Otras emisoras y canales así como medios escritos han venido colaborando puntualmente a nuestras tareas. Valga la oportunidad para resaltar el compromiso de los medios de comunicación social del país con la causa de los Derechos Humanos.
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	Un momento importante para la difusión de las atribuciones de la Institución del Defensor del Pueblo fue el Foro Internacional «El Defensor del Pueblo, de la Teoría a la Práctica», que se llevó a cabo el 10 y 11 de septiembre de 1998 en La Paz, como parte del Convenio de Cooperación suscrito entre el Defensor del Pueblo de Bolivia y la Comisión Andina de Juristas. Participaron en el Foro los Defensores de Perú, Argentina, México, Honduras, Suecia y Bolivia. En materia de capacitación en Derechos Humanos se han elaborado ya algunos programas que se pondrán en práctica en los próximos meses. Uno de ellos está destinado a los funcionarios públicos por considerar que muchas de sus faltas se deben la ignorancia sobre sus deberes y los derechos de la ciudadanía. El otro que ha sido consensuado con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Naval, tiene la finalidad de disminuir la violación de los Derechos Humanos de los conscriptos. Consta de una cartilla de Derechos Humanos en los cuarteles y de un cronograma de talleres con oficiales y tropa. Entrará en vigencia luego de la firma de un convenio con el Ministerio de Defensa. PROGRAMAS ESPECIALES Mediante la creación y funcionamiento de programas especiales, se pusieron en prácticas tareas de monitoreo y defensa de los Derechos Humanos y ciudadanos, de sectores mayoritarios de la población cuya situación de vulnerabilidad merece un tratamiento especial. La elaboración e implementación de cada programa supuso un proceso minucioso que partió de la identificación de los principales puntos de intervención defensorial y el inventario de contrapartes y concluyó con la formulación de un plan de trabajo para cada área. Hasta el momento el Defensor ha puesto en marcha programas especiales de defensa para los derechos de las mujeres, campesinados y pueblos indígenas, niñez y adolescencia y tercera edad. En lo que hace a los Derechos Humanos del campesinado y los pueblos indígenas, en dos mesas realizadas en La Paz y Santa Cruz, se acordó trabajar, mediante estudios, en el seguimiento a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley INRA, la aplicación de la Ley Forestal, así como el apoyo para que los derechos, aspiraciones e intereses del campesinado y los pueblos indígenas sean tomadas en cuenta en el Proyecto de la Ley de Aguas. En el programa especial de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, se hizo un seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado boliviano, como firmante de la convención contra toda discriminación hacia la mujer, un seguimiento a la política pública, en relación a la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Acciones para apoyar propuestas legislativas que afectan directamente a los intereses, derechos y aspiraciones de las mujeres bolivianas, entre ellos la Ley de las Trabajadoras del Hogar y la inclusión de artículos sobre alternabilidad y los principios de equidad, en la representación política de las mujeres. En cuanto hace a los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia, se ha hecho un seguimiento a la aplicación de Convención de los Derechos Hunanos del Niño en las políticas públicas y la Legislación y un apoyo al proceso de debate y aprobación del Código Niña, Niña y Adolescente, así como acciones y estudios de oficio, para monitorear las responsabilidades de la administración pública, en la atención para los servicios para el sector. En relación a la Tercera Edad se ha apoyado el proceso de debate y posterior aprobación del Código del Anciano, monitorio de políticas estatales que privilegian la atención de salud y seguridad social para el sector, educación ciudadana en el trato que la población, en general, y los servidores públicos, en particular, dan a las personas ancianas. En cumplimiento de las tareas señaladas por la Constitución y la Ley 1818 se han presentado varias propuestas Legislativas que fueron remitidas al Presidente Nato del H. Congreso Nacional, Jorge Quiroga Ramírez. El 3 de junio del 98 se le hizo conocer la preocupación del Defensor del Pueblo por la derogatoria de los Artículos 778º y siguientes del Código de Procedimiento Civil por la Ley del Tribunal Constitucional, puesto que dichos artículos que tienen relación en las previsiones contenidas en el Artículo 118º de la Constitución Política del Estado, regulan las acciones judiciales del proceso contencioso, administrativo y su derogatoria, privaría a los ciudadanos del medio para hacer valer sus derechos frente a la administración.
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Esa inquietud fue resuelta con la modificación introducida a la Ley del Tribunal Constitucional, donde se restaura el Procedimiento Coactivo. Ya, en esa fecha el Defensor del Pueblo propuso la promulgación de una Ley de procedimientos administrativos, vemos con beneplácito los avances que se han hecho en esta materia y la incorporación de ese Proyecto a la agenda de esta Legislatura. La institución, mediante su Asesoría en Asuntos Constitucionales y Legislativos, participó junto a otras organizaciones y el propio Congreso, en la discusión y redacción de varios instrumentos legales, unos en actual vigencia y otros en proyecto. Estos trabajos tuvieron relación con el Proyecto de Ley sobre el Ejercicio Profesional Médico, desde la óptica de los Pacientes, el Proyecto de Ley sobre la Creación del Instituto Boliviano de Integración Socio Laboral de Sordomudez, la Ley del Medicamento, el Decreto Reglamentario de la Ley del Medicamento. La Ley de Indulto, el Código de Procedimiento Penal en la Temática Referida a los Agentes Encubiertos, la Ley de Seguros, el Proyecto de Protocolo Facultativo para la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Proyecto de Ley de Protección de las Víctimas de los Delitos contra la Libertad Sexual, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, el Proyecto de Ley sobre las Trabajadoras del Hogar y el Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal. Está en preparación una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado desde la perspectiva de los Derechos Humanos y las garantías Constitucionales, así como el estudio de algunas leyes que violan principios Constitucionales. RELACIONAMIENTO CON INSTITUCIONES PúBLICAS A fin de coordinar acciones y preparar el terreno para la actuación institucional se celebraron reuniones con el Consejo de la Adjudicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, Comisiones y Brigadas Departamentales del H. Congreso Nacional, diversos Ministerios y Entidades del Poder Ejecutivo, la Superintendencia General del SIRESE, la Fiscalía General de la República y otras entidades públicas. Los resultados de ese relacionamiento fueron por lo general positivos, por ejemplo, en el ámbito regulatorio, luego de un seminario realizado con la Superintendencia del SIRESE, todas ellas abrieron oficinas de atención al consumidor, ODECO. Durante este período inicial, la Defensora del Pueblo participó en aproximadamente medio centenar de eventos convocados por numerosas instituciones de la sociedad civil, para exponer los fundamentos de la naciente institución. Fue especialmente importante el encuentro con la sociedad civil llevado a cabo en La Paz durante el mes de agosto del 98, con la participación de redes de ONG's que trabajan a nivel nacional y de otras instituciones como la Iglesia Católica. Estos encuentros permitieron cimentar los lazos entre el Defensor del Pueblo y en las instituciones especializadas en temáticas afines a la misión defensorial. LOS CIUDADANOS FRENTE AL ESTADO Para cumplir con su mandato Constitucional el Defensor del Pueblo actúa e investiga los hechos denunciados por cada persona que solicita su intervención, mediante la presentación de una queja, lo hace también a través de actuaciones de oficio. Esa labor de intermediación entre la ciudadanía y las autoridades se apoya en el deber de colaboración que la Ley 1818 establece para todos los funcionarios públicos. La labor del Defensor del Pueblo tiende a superar la indefensión del ciudadano ante el desproporcionado poder de la Administración Pública y el que van adquiriendo las fuerzas del mercado, pero no se agota en la solución de los problemas puntuales que se le plantean, sino que va aparejada de un esfuerzo para crear conciencia sobre los derechos de las personas. Al abrir canales directos de participación y de control de las actividades públicas, para el ciudadano, el Defensor contribuye a cortar la distancia que existe entre los postulados democráticos y su ejercicio pleno. EL SISTEMA DE ATENCIóN DE QUEJAS
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	Este es uno de los grandes logros institucionales. Fue concebido y elaborado íntegramente por profesionales bolivianos y ha sido calificado, por consultores internacionales, como un producto exportable. Es un procedimiento informatizado para la investigación de oficio o por quejas, sobre violaciones a los Derechos Humanos y ciudadanos que tiende a rescatar el principio de informalidad establecido por el Reglamento. Este sistema permite contar con información estadística permanente sobre los casos recibidos y atendidos por el Defensor del Pueblo en sus seis oficinas. En el resumen del informe que les ha sido entregado, se exponen cuadros con la información correspondiente al período que va de octubre del 98 a marzo del 99, en que se realizó la atención al público -ahí tienen ustedes también un detalle de cómo fueron encaminados cada uno de los casos que merecieron una resolución de defensoríal-. Como resumen estadístico de los casos atendidos se tienen los siguientes datos: De un total de 2.233 casos recibidos, 1.367 fueron derivados al Centro de Orientación Ciudadana; 867 fueron aceptados e ingresaron a investigación; 63 fueron concluidos extraordinariamente, 58 fueron rechazados, 76 fueron concluidos mediante resolución, 670 están en proceso de investigación. A la fecha de la presentación de este informe, tenemos un total de 4300 quejas. Los derechos más vulnerados por las instituciones públicas, cuyo detalle encontraran ustedes en el resumen que se les ha pasado, son en primer lugar: el de petición, con el 15% de los casos investigados, el derecho al debido proceso, con el 11%, al trabajo, con el 11%; a la seguridad e integridad personal, con el 8%, a la propiedad privada, con el 8%; a la seguridad social, con el 7% y a la libre expresión, con el 1%. CENTRO DE ORIENTACIóN AL CIUDADANO Fue creado para atender aquellas quejas que no corresponden a la competencia del Defensor, bajo el concepto de que ninguna persona que llegue hasta nuestras oficinas salga defraudada. Tanto en La Paz como en las cinco oficinas, a nivel nacional, se ha otorgado asesoramiento legal, general y mínimo, para que el ciudadano recurra ante la autoridad llamada por Ley, con la indicación de los pasos por seguir. Algunos casos se derivaron a medios alternativos de Resolución de conflictos; en otros, ciudadanos y ciudadanas que acudieron a nuestras oficinas, recibieron apoyo mediante el envío de notas invocatorias de cumplimiento de deberes legales, dirigidas a autoridades del sector público. En casos de comprobada indefensión se acompañó a los peticionarios a realizar sus trámites. OTRAS ACTUACIONES DEFENSORIALES A parte de las intervenciones, sujetas al trámite de quejas o de las investigaciones de oficio realizadas por el Defensor, se llevaron a cabo otro tipo de intervenciones destinadas a resolver los problemas planteados. Veamos alguna de ellas: La primera queja recibida por la institución en su período de «Vacatio Legis» y que me la entregó el H. Carvajal, provino del Capitán Grande de los guaraníes del Alto y Bajo Izozog, Bonifacio Barrientos que reclamaba por el trazo de un tramo carretero. El resultado de la gestión defensorial ante los Viceministros de Transportes y Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, permitió un rediseño consensuado sobre la construcción de la carretera Abapó, el Espino y Pita, motivo de preocupación para 64 comunidades de la zona de Charagua. En otra ocasión la Defensora se reunió con el Superintendente de Electricidad, para recordarle que la Superintendencia a su cargo, no había trasladado la rebaja del precio de gas establecida por la Superintendencia de Energía a las tarifas de electricidad, vigentes en el país. Como resultado de esa gestión se rebajaron esos precios en un promedio de 6 y 7%, para los usuarios de Santa Cruz y Cochabamba y en un porcentaje menor para los del sistema interconectado.

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También se tomó contacto con el Defensor colombiano, Dr. Fernando Catrio Caicedo, para solicitarle que interponga sus buenos oficios, a objeto de lograr que las Fuerzas Armadas, Revolucionarias de Colombia (FARC), liberen a nuestro compatriota José Córdoba Eguívar que había sido secuestrado por ese grupo irregular. Después de más de un mes de cautiverio el señor Córdoba fue liberado y relievó el papel desempeñado por la Defensoría colombiana, en ese desenlace. En otra de sus intervenciones, la titular del Defensor del Pueblo, envió una carta a los Directores de todos los medios de comunicación del país y directivos de organizaciones, profesionales y gremiales, para que en resguardo de los derechos a los menores de edad, se evite identificarlos cuando éstos sean protagonistas de un hecho noticioso, especialmente cuando éste pueda tener connotaciones delincuenciales. Los medios acogieron positivamente el pedido de la Defensora y pusieron en práctica una serie de medidas destinadas a proteger la identidad de los menores. FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES COLABORADORES Y RENUENTES La Ley 1818 del Defensor del Pueblo establece, en su Artículo 25º, la obligación de colaboración, confidencialidad y responsabilidad de los funcionarios públicos respecto a las labores defensoriales. El comportamiento de las autoridades, respecto a la labor del Defensor de Pueblo, fue muy variado. Hemos tropezado con funcionarios que desconocían la Institución, otros que se sintieron molestos con nuestros requerimientos y observaciones, algunos francamente renuentes y, finalmente otros, dispuestos a colaborar con la Institución, respondieron a los requerimientos de informe que se les hizo y aplicaron las recomendaciones contenidas en las Resoluciones defensoriales. Consideramos que una buena parte de esos funcionarios no conocen la Ley 1818, también creemos que la gobernabilidad democrática se ha conseguido a costa de la fiscalización y, por eso, para muchos funcionarios jerárquicos resulta inconcebible tener que dar cuenta de sus actuaciones, no diremos al Congreso, sino al ciudadano de a pie. Aquellos con mayor vocación democrática han mostrado voluntad y respeto por las acciones de nuestra institución. En el resumen del informe que se ha hecho llegar a los HH. Congresales, encontrarán una lista de estas categorías de funcionarios. INFORME ECONóMICO FINANCIERO El Defensor del Pueblo empezó a desarrollar sus actividades el 1º de abril del 98. En declaraciones públicas la Ministro de Justicia dijo que existía un presupuesto de 5 millones 800 mil, muy pronto se conoció que esto no era así. Se tomó contacto con el Ministro de Hacienda, Edgar Millares, quien instruyó al Tesoro General de la Nación dar curso a la solicitud de presupuesto para el Defensor del Pueblo. En forma previa era preciso presentar un organigrama institucional con la descripción de puestos y detallar el destino que se daría a los fondos en base a un plan operativo anual. En mayo se presentó un presupuesto preliminar al Viceministerio de Presupuestos y el 13 de julio, el Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Ministerial, aprobó un presupuesto de 6.879.098, para la gestión del año pasado. Los fondos se desembolsaron recién a partir del mes de agosto de 1998, pero sólo en un 70%, el resto fue cubierto con el apoyo de la Cooperación Internacional. Es importante hacer notar que el Defensor ejecutó el 98% de los fondos que le fueron suministrados. En este primer trimestre de 1999, que también incluye el informe, el Defensor presentó un presupuesto por 21.522.899, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar sus actividades e instalar representaciones defensoriales en todos los departamentos. El Tesoro General de la Nación aprobó únicamente un total de 11.804.000. A lo largo de este año se han realizado varias reuniones con la Comisión Económica del Congreso para lograr un aumento presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda. Esas gestiones han sido infructuosas hasta la fecha. En esta oportunidad quisiera solicitar al H. Congreso Nacional que nos evite los engorrosos trámites ante el Tesoro Nacional que

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	atentan contra la independencia institucional y se nos asegure una provisión de fondos acorde con las responsabilidades que la Ley asigne al Defensor del Pueblo, para lo cual es importante que a partir de la gestión 2000, el presupuesto del Defensor del Pueblo sea canalizado totalmente a través del Poder Legislativo. SISTEMA DE ADMINISTRACIóN DE PERSONAL Una de las áreas que se manejó con mayor minuciosidad fue la dotación de personal. Aquí es preciso reconocer que no se recibieron recomendaciones políticas y se actuó con la máxima independencia y apego a las normas básicas contenidas en la Ley SAFCO. En cumplimiento de esas disposiciones y con el propósito de establecer un instrumento de gestión con políticas y procedimientos, en materia de personal, que considere las características de la entidad y sus necesidades, fue aprobado el Reglamento Específico de Administración de Personal, en el que se encuentran descritos todos los procedimientos relacionados con los 7 subsistemas establecidos en la Ley 1178. COOPERACIóN INTERNACIONAL La creación del Defensor del Pueblo fue para la comunidad internacional una señal clara de la voluntad democrática de los bolivianos y del compromiso de los Poderes con los Derechos Humanos. A poco de la posesión de su Titular, visitaron en nuestras oficinas Embajadores y representantes de organismos internacionales, para ofrecer su apoyo a la nueva Institución. En la fase de conclusión de esa cooperación el Defensor del Pueblo contó con el apoyo permanente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), del Ministerio de Hacienda, a través del cual se canaliza toda la ayuda externa. El Canadá, Holanda, España, Suiza y Alemania merecen un agradecimiento especial, porque fueron los primeros en brindar su respaldo decidido al Defensor del Pueblo en la denominada etapa cero. El apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante el Proyecto puesto en marcha de la oficina del Defensor del Pueblo, fue estratégico, a través de este organismo se dotó a la Institución de un lote de computadoras y equipo para apoyar el sistema informático. Se cubrió excepcionalmente el salario del personal de planta, mientras se tramitaba el presupuesto y se contrató una serie de consultorías que brindaron los insumos para que la Institución pudiera cumplir con el mandato legal de abrir sus puertas al público el 1º de octubre. Entre marzo del '98 y marzo del '99 el monto de la Cooperación Internacional alcanzó a $us. 669.830, de los cuales quedan por desembolsar un 24%. El PNUD respaldó la fase inicial con más del 50%, le siguen en importancia la GTZ y COSUDE, distribuyéndose el saldo entre el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y los Gobiernos de Holanda y España. Hay recursos comprometidos para proyectos en etapa de negociación que suman 2.066.231 dólares, hasta el 31 de marzo de 1999 y que corresponden a los períodos 99, 2000 y 2001 El 58% de la cantidad mencionada corresponde a la generosa cooperación de Suecia y Dinamarca y está destinado a un Proyecto de varios componentes, en el que se cuenta, en forma excepcional, un apoyo a la refacción del futuro edificio propio del Defensor del Pueblo. Le sigue COSUDE con el financiamiento comprometido para el Proyecto de Mesas Defensoriales en provincias. La GTZ con fondos para el relacionamiento con los Poderes del Estado y tareas de promoción y difusión de los Derechos Humanos y finalmente están las ofertas de Gran Bretaña que hoy nos han comunicado, se han concretado y el BID que apoyará a Organizaciones de la Sociedad Civil que coordinen acciones con el Defensor. Con Canadá se ha iniciado un programa de asesoramiento a través del CESO, que ha sentado las bases para un programa de largo aliento, en el que figura el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Ombudsman de antaño. A MODO DE REFLEXIóN FINAL Nuestro principal desafió, en el tiempo que ha transcurrido, fue el de edificar una institución que vence al tiempo que sea útil a la

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población y que cumpla fielmente con las atribuciones y responsabilidades que le fija la Constitución Política del Estado. Hemos trabajado y lo seguiremos haciendo para asegurarnos de que tenga buenos cimientos y que con su labor contribuya decididamente a crear una cultura de respeto y defensa de los Derechos Humanos en el país. En esta primera etapa del camino recorrido hemos detectado algunos aspectos centrales que me gustaría compartir con todos ustedes. La democracia nos ha permitido avanzar en muchos campos, como los relativos a los derechos de las mujeres, los indígenas y los niños, la población en general, pero esto no han sido aún digeridos por los operadores de la justicia que se resisten aplicarlos. Hay mucho que esta por verse, que está en fase experimental, en la que los ciudadanos hemos hecho y seguimos haciendo el papel de cobayos, tensionados por esa indefinición conceptual entre lo que está permitido al mercado y lo que le corresponde hacer al Estado. En esa tierra de nadie por la que tránsitamos, muchas normas y controles se han aflojado, en muchos casos no existen y los que existen no son conocidos por la población y esto no es ningún secreto. Hace poco un Superintendente admitía que el sistema regulatorio es esotérico, que muy poca gente lo conoce y menos aún lo entiende, nos preguntamos si es que pueden haber Leyes que sean esotéricas. Si consideramos que el Estado se ha organizado para servir al ciudadano, no puede o más bien no debiera ser en su nombre nada que le sea ajeno. En los últimos años el Congreso ha probado cientos de Leyes que han cambiado la cara del Estado y de la Nación boliviana. Cuántas de esas Leyes se han explicado a los directamente afectados, cuántas que se están redactando hoy mismo, conoce el ciudadano, cuántas se justifican realmente y cuánto conocen de ellas los funcionarios públicos. Hay una suerte del limbo jurídico en el que la desorientación y la vulnerabilidad, especialmente la de aquellos ciudadanos más pobres, llega a niveles dramáticos. Se ha privatizado una serie de actividades que cumplía el Estado en el campo económico y otras están en camino de pasar en manos privadas, se ha creado un sistema de regulación encargado de velar, porque el sector privado administre los servicios públicos con transparencia. Es poco el tiempo transcurrido desde esa reforma, pero su impacto ya se ha dejado sentir en los bolsillos de la gente que ni siquiera sabe el por qué de lo que esta ocurriendo. Por qué suben los precios de la gasolina, el gas, la luz, el agua. No es que lo supiera antes, pero la construcción democrática exige que la participación del ciudadano en todos los asuntos que le conciernen al Estado y la Sociedad, especialmente aquellos sectores empobrecidos que tienen dificultades para hacer sentir su influencia por los canales regulares. La legitimidad y eficacia, ese nuevo Estado que pugna por nacer tienen que sustentarse en una atenta escucha a la población, para que esto ocurra será preciso tender fuentes entre el Estado y la sociedad civil. El Defensor es el radar que detecta donde están afincados algunos problemas grandes del ciudadano y chicos para el Estado y si cuenta con la cooperación de las autoridades, pueden ayudarles a encontrar respuestas que son coherentes con el término de servicio público. En el ámbito de los Derechos Humanos estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a que la igualdad ante la Ley no sea solamente una hermosa declaración contemplada en la Constitución, sino que se plasma en la existencia de mecanismos de acceso igualitarios. Pese a los problemas que existe en el Estado, los sistemas de justicia, de prestación de servicios públicos, tendremos que seguir luchando porque la Ley sea igual para todos. A través de este informe hemos intentado reflejar algunas de las principales preocupaciones y carencias de la ciudadanía, éstas tienen que ver, por ejemplo, el derecho a firmar peticiones que puede considerarse tan importante como los derechos al voto y al ser elegido en un cargo público.

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	0Además de ser un instrumento de participación ciudadana, por el que los gobernados individual o colectivamente proponen iniciativas de interés común a los Gobernantes. También pueden entenderse como un mecanismo para defender otros derechos o intereses subjetivos que se instrumentan en quejas, solicitudes o reclamaciones dirigidas a las autoridades públicas a fin de que éstas adopten una determinada acción, o se abstengan de otra. No es menos importante la frecuente vulneración al derecho al debido proceso, también denominado tutela judicial efectiva, que implica la celebración de procesos imparciales justos y equitativos, sean éstos judiciales, administrativos o disciplinarios. Una buena parte de las quejas que han llegado a nuestras oficinas están referidas al área social y tienen que ver con el derecho al trabajo y a la seguridad social. El reacomodo del Estado ha significado una relocalización permanente de trabajadores y funcionarios que estaban a su servicio. Con distintos matices el proceso sigue su curso. Otro espacio conflictivo es la reforma a la Ley de Pensiones que ha creado condiciones de gran vulnerabilidad para la llamada generación intermedia y para personas que son de la tercera edad, o están por ingresar a ella. Los problemas en esta área son múltiples y complejos y requieren encare con sentido social. Hay reformas importantes como la descentralización que están a medio camino y mientras se concretan dejan vacíos visibles en la acción del Estado. A través de quejas recibidas y de investigaciones de oficio, el Defensor ha podido comprobar que tanto Prefecturas, como Municipios, no atienden debidamente el área social que les ha sido confiada. Esto redunda particularmente en una mayor desprotección de la niñez, porque comprende las áreas de gestión social, a nivel departamental y las defensorías especializadas, a nivel municipal, pero muestra también efectos negativos en los sectores de educación y salud. No sólo la pobreza, impide la plena vigencia de los Derechos Humanos, atentan contra ella la corrupción, el prevendalismo y la insolidaridad, así como esa peligrosa corriente que lleva a las personas a refugiarse en el individualismo. Luchar por la dignidad de la persona implica no dejarse estar, sólo actuando oportuna y eficazmente podremos evitar que el alzar de manos legitime la desigualdad, encubra la corrupción, consolide la discriminación, desatienda el clamor de los más necesitados. A momentos sentimos que la demanda que hemos esbozado está a punto de sobrepasar nuestra capacidad instalada, pero consideramos importante que nunca esté por encima de nuestra voluntad de servir. Al concluir este informe oral, que es una síntesis del que les ha sido entregado, quiero agradecer al H. Congreso Nacional, por la honrosa tarea que me ha sido encomendada. Ver funcionar a esta Institución inscrita en la Carta Magna y comprobar que puede ser útil a la ciudadanía, ha sido una satisfacción incomparable. La experiencia recogida en el año transcurrido nos muestra que se ha dado un gran paso en la tarea de construir una democracia participativa, en cuya base está el control del poder por parte del ciudadano. Pero hay que decir que no basta con haber creado el Defensor del Pueblo, es preciso dotarlo de los medios materiales y del apoyo que requiere para su delicada misión, de otra manera se corre el peligro de que la expectativa que tiene la ciudadanía, en esta nueva institución, como un mecanismo idóneo para proteger sus derechos y resolver problemas que nacen de su relación con el Estado, se torne en una nueva frustración. Muchas Gracias. H. PRESIDENTE.- Gracias, Doña Ana María Romero de Campero. Hemos tomado debida nota de sus requerimientos de intermediación del Congreso, en lo referido a asuntos presupuestarios. Se decreta el pase del informe escrito a la Comisión Mixta de Constitución. Diputado Secretario, le ruego acompañar a la Defensora de Pueblo. Agradecemos la presencia del Cuerpo Diplomático y a los ilustres visitantes que nos han acompañado en esta Sesión.
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	Quiero comunicar a los HH. Congresales que aún tenemos un tema pendiente que no está en agenda obviamente, pero que es algo que amerita urgencia en su tratamiento y es de importancia para ambas Cámaras. Diputado Hugo Carvajal, Presidente de la H. Cámara de Diputados, tiene la palabra. H. PRESIDENTE DE LA CáMARA DE DIPUTADOS, HUGO CARVAJAL.- Colegas Senadores y Diputados molesto la atención de ustedes brevemente, por un tema que es de carácter administrativo, con relación a nuestro Congreso. Ayer tuvimos una reunión ambas Directivas la Cámara de Senadores y Diputados con el Presidente del Congreso, con el Vicepresidente de la República, e informamos de la situación delicada de lo que es especialmente el tema de la estructura del edificio Constitución. Las fallas de ingeniería que está mostrando el Edificio de Constitución, para graficarles y decirles rápidamente, está cediendo una zapata y se está inclinando sobre este edificio y eso efectivamente puede ocasionar, si es no tomamos medidas urgentes, daños irreparables a este edificio que es un monumento histórico nacional y ocasionar en cualquier momento un percance gravísimo. Si ustedes se han fijado tenemos rajaduras muy graves, en lo que es la planta baja y una de las vigas ya está a punto de ceder, entonces antes de que ocurra ello, el criterio es tomar una acción de emergencia, para evitar que tengamos un problema de accidente, posteriormente en el Edificio. Por eso es que queremos poner a consideración de ustedes un Proyecto de Resolución Congresal, que atacarían dos cosas que vienen siendo previstas por varios de ustedes. La primera sería el solucionar este tema de la falla de ingeniería que tiene el Edificio Constitución durante las semanas de receso que vamos a tener. Si trabajaríamos en el sótano y en la planta baja del Edificio Constitución y en el Hemiciclo, de ser posible, Dios mediante para todo el problema de audio y video, el nuevo sistema de audiovideo que queremos implementar. Entonces aprobaríamos eso y tendríamos parte de la última semana de octubre todo el mes de noviembre para realizar estos trabajos de emergencia. Y, segundo, concluido este trabajo que esperamos pueda demandar un mes, un mes y medio, necesitamos realmente prescindir todos los procesos de licitación, por la emergencia del caso. Es decir, tendríamos que implementar invitaciones directas y constituir una comisión que se haga cargo de esto inmediatamente y encargar esta obra de ingeniería a una empresa, por supuesto seria, que pueda desarrollar este trabajo inmediatamente en el Parlamento boliviano. Y, lo segundo, seria, como resultado de esto de que toda la planta baja se convertiría en un solo sistema de servicios bicamarales, tanto de salones polivalentes, como de todo el equipo de informática que desea colocarse en la planta baja. De una manera definitiva, esos equipos llegarán a fines de octubre, serán instalados en noviembre, entonces requerimos colocar todo a condición para ello. Y esta misma Comisión nos presentaría la propuesta de redistribución de ambientes entre Senadores y Diputados y de espacios comunes, donde tendríamos todo el equipo de informática en servicio común de la misma manera el servicio de ventanilla única. También el tema de los famosos Parlamentos, tenemos Parlamento Indígena, Parlamento Latinoamericano, etc., también la Unión Parlamentaria de Mujeres, entonces todo sería ambientes compartidos de Senadores y Diputados y haremos una adecuada y correcta redistribución. Entonces, pediría por su Presidencia pueda dar lectura al Proyecto de Resolución Congresal, para que los HH. Parlamentarios puedan dispensarnos del trámite, alterar el Orden del Día y, por supuesto, llevar adelante la aprobación de esta Resolución Congresal. H. PRESIDENTE.- En aplicación a nuestro Reglamento, antes de pedir al Senador o Diputado Secretario que dé lectura al Proyecto de Resolución, debemos votar la alteración del Orden del Día. Pongo en consideración la misma, la argumentación presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados